Aprehende PGJE a presidente de comunidad de Las Torres por falsedad en declaraciones

De igual forma, en esta acción fue aprehendida su esposa por el
mismo delito.

A fin de garantizar el Estado de Derecho y dar cumplimiento a las
instrucciones del mandatario estatal de abatir la impunidad, la Policía
Ministerial adscrita a la Procuraduría General de Justicia (PGJE)
aprehendió a Ascensión Bernardino García Canuto, presidente de comunidad de
Las Torres, municipio de Españita, quien cuenta con un mandamiento judicial
por el delito de falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a
una autoridad.

El proceso 247/2014 del Juez Primero del Distrito Judicial de Sánchez
Piedras emanó de la Averiguación Previa radicada e integrada debidamente
por el Agente del Ministerio Público, toda vez que García Canuto y su
esposa Marcela Lozano Islas fueron denunciados.

Lo anterior, ya que el presidente de comunidad al igual que su pareja
declararon como testigos dentro de una indagatoria, en la que dijeron que
un sujeto era el propietario legítimo de un predio ubicado en el municipio
de Españita; sin embargo, tras las indagatorias posteriores se conoció que
la información vertida al fiscal era falsa, ya que el inmueble le pertenece
a otra persona.

Por lo anterior, el Representante Social inició la indagatoria
correspondiente en contra de Ascensión Bernardino García Canuto y Marcela
Lozano Islas, ambos por el delito de falsedad en declaraciones judiciales e
informes dados a una autoridad.

Por ello, el Juez de la causa obsequió la orden de aprehensión y los
oficiales de la Policía de Investigación se abocaron a la localización de
los probables responsables, quienes fueron ubicados y aprehendidos en las
inmediaciones de la población de Las Torres, la mañana del 3 de febrero;
asimismo, fueron recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) para
que desde ahí enfrenten su proceso penal.

Estas acciones, se sustentan en las líneas de acción previstas en el Plan
Estatal de Desarrollo 2011-2016, que establece que, para mantener el
desarrollo de la entidad, es preciso dar prioridad a la vigencia plena del
Estado de Derecho, como condición necesaria para garantizar la seguridad de
las personas y alcanzar una convivencia pacífica y estable de la sociedad.

A fin de garantizar el Estado de Derecho y dar cumplimiento a las
instrucciones del mandatario estatal de abatir la impunidad, la Policía
Ministerial adscrita a la Procuraduría General de Justicia (PGJE)
aprehendió a Ascensión Bernardino García Canuto, presidente de comunidad de
Las Torres, municipio de Españita, quien cuenta con un mandamiento judicial
por el delito de falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a
una autoridad.

El proceso 247/2014 del Juez Primero del Distrito Judicial de Sánchez
Piedras emanó de la Averiguación Previa radicada e integrada debidamente
por el Agente del Ministerio Público, toda vez que García Canuto y su
esposa Marcela Lozano Islas fueron denunciados.

Lo anterior, ya que el presidente de comunidad al igual que su pareja
declararon como testigos dentro de una indagatoria, en la que dijeron que
un sujeto era el propietario legítimo de un predio ubicado en el municipio
de Españita; sin embargo, tras las indagatorias posteriores se conoció que
la información vertida al fiscal era falsa, ya que el inmueble le pertenece
a otra persona.

Por lo anterior, el Representante Social inició la indagatoria
correspondiente en contra de Ascensión Bernardino García Canuto y Marcela
Lozano Islas, ambos por el delito de falsedad en declaraciones judiciales e
informes dados a una autoridad.

Por ello, el Juez de la causa obsequió la orden de aprehensión y los
oficiales de la Policía de Investigación se abocaron a la localización de
los probables responsables, quienes fueron ubicados y aprehendidos en las
inmediaciones de la población de Las Torres, la mañana del 3 de febrero;
asimismo, fueron recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) para
que desde ahí enfrenten su proceso penal.

Estas acciones, se sustentan en las líneas de acción previstas en el Plan
Estatal de Desarrollo 2011-2016, que establece que, para mantener el
desarrollo de la entidad, es preciso dar prioridad a la vigencia plena del
Estado de Derecho, como condición necesaria para garantizar la seguridad de
las personas y alcanzar una convivencia pacífica y estable de la sociedad.