Es legal y constitucional Ley de Pensiones de Tlaxcala

• Aseguran Consejero Jurídico del Estado y Director de PCET que casi en su totalidad, la justicia federal ha otorgado la razón a la administración estatal

12 de Mayo 2014 / Tlaxcala, Tlax. (Sergio Espinoza)
Este lunes, el Consejero Jurídico del Gobierno Estatal, Héctor Maldonado Bonilla, acompañado del Director de Pensiones Civiles del Estado (PCET) dieron a conocer que al menos el 94 por ciento de los amparos promovidos por agremiados al Sindicato de Burócratas «7 de Mayo», ante la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Pensiones Civiles del Estado el año pasado, resultaron a favor del Gobierno Estatal ante la justifica federal, quien otorgará la razón al ejecutivo estatal así como al poder legislativo, reconociendo la constitucionalidad y legalidad de la ley ya en vigor.
En rueda de prensa ofrecida esta misma tarde, los funcionarios estatales dieron un balance sobre el litigio que se llevó a cabo en los Juzgados de Distrito con sede en Cholula, donde tras la entrada en vigor de las dos reformas a la ley citada, la primera de ellas en enero de 2013 y la segunda en el mes de agosto.
La justicia concedió la razón a las instancias públicas, pese a que, los resolutivos favorables a los agremiados por la entonces líderesa y hoy Secretária adjunta Guadalupe Rodríguez Guzmán, un número cercano a los 50 casos, fueron por cuestiones que la segunda aprobación contemplaba y reformaba, por ello resultaron desfasados.
Sin embargo, y en cumplimiento de la ley el gobierno del estado a través de la Dirección de PCET acato las decisiones de la justicia y resarció el aparente daño con recursos propios de la dependencia.
Los pagos, que suman 53, ascendían a poco más de 153 mil pesos por concepto de aportaciones de los trabajadores bajo la norma del 6%, los que ya fueron reintegrados bajo cheques nominales, tal y como lo marcaba la sentencia.
Donde es de destacar que, la misma sentencia dictaba que el gobierno estatal también tendría que ser beneficiado con el reintegro, el recurso se quedo en las arcas de la dependencia para la estimulación de créditos y prestaciones para los trabajadores de las dependencias mismas que al igual que el 7 de mayo aglomeran a los sindicatos Mártires de 1910, Alberto Juárez Blancas, Justo Sierra y el SNTE sección 55.
En este tenor, Maldonado Bonilla y Roberto Armas, hicieron énfasis en que existieron dos reformas en la materia, la primera de ellas que contribuyo en gran medida al rescate del boquete financiero en que se encontraba la dependencia producto de malas administraciones y excesos del pasado.
Así también de la segunda reforma, que contempló rectificaciones y adiciones a la primera reforma de cuestiones que hasta ese momento resultaban confusas y poco favorecedoras, por lo que en acto de congruencia, y antes de trastocar intereses y derechos de los trabajadores, se realizaron las correcciones pertinentes.
Mismas que fueron iniciativa del propio gobierno, sin necesidad de que la autoridad federal corrigiera aspecto alguno, adelantándose a cualquier tipo de corrección.

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