Muere otra persona en separos de Apizaco

Manifestación y encadenamiento de familiares para exigir justicia, frena diligencia ministerial de retiro del cuerpo

26 de Junio 2022 / Apizaco, Tlax. (Sergio Espinoza) Foto (Inédito)
Posterior a la necropsia de ley -pese a la dificultad en la acreditación de la familiaridad- la noche del viernes fueron entregados los restos mortales de Edwin-N-, la segunda persona fallecida en poco más de medio año al interior de los separos de la Dirección de Seguridad Pública Vialidad y Transporte (DSPVyT) del municipio de Apizaco en Tlaxcala; dónde el hoy occiso aprovecharía un descuido del custodio, para con partes de una cobija colgarse de los barrotes de la celda en la que estaba recluido de manera preventiva por una falta administrativa.
Y es que poco después de las 10:00 horas en las instalaciones de Avenida de Las Torres en San Benito Xaltocan de Yauhquemehcan en la visita por alimentos, el detenido (en vía pública) por supuestamente deambular en estado inconveniente y alterar el orden público, fue encontrado suspendido de un punto fijo por su progenitor y el guarda celdas, quienes de inmediato lo descendieron y le brindaron auxilio, esto mientras se hacían presentes paramédicos con una ambulancia; tras la valoración el personal de salud actuante determinó la ausencia de señales de vida, por lo que se dió parte y fue pedida la presencia de la autoridad ministerial.
Después, al exterior de la institución de seguridad municipal que de manera preventiva cerró sus accesos y aplicó un reforzamiento con elementos policiales arribó un grupo de civiles que exigían una explicación de lo ocurrido, quienes visiblemente alterados con frases de repudio hacia los uniformados arremetieron contra la reja que impedía su libre ingreso; ya que argumentaban posible situación de maltrato en contra de su familiar al interior del espacio preventivo de reclusión; situación de tensión que obligó a la llegada de patrullas y más elementos municipales, para al igual que sus pares del estado vigilar de lejos.
Entonces, al no haber respuesta por parte del jefe policíaco o de la municipalidad fue que se registró el momento más álgido, cuando hicieron su arribo el personal de periciales y la unidad mortuoria del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para cumplir con el protocolo de ley, el tío y el padre del occiso se colocaron en el portón de acceso al patio de maniobras, para impedir el ingreso y exigir la intervención de elementos de seguridad federales y de la señora Procuradora Ernestina Carro Roldán, ya que denunciaban publicamente supuestas amenazas de muerte y acciones de extorsión en contra del recién fallecido, por su adicción a las sustancias ilegales.
Así transcurrió un tiempo considerable, hasta que salieron dos funcionarios para convencer mediante el diálogo a los manifestantes que permitieran la ejecución de la diligencia ministerial, lo que en un clima de tensión (dónde hubo denuncias de posibles abusos de los guardianes del orden), finalmente se logro cumplir con el retiro del cuerpo; el que fue llevado a las instalaciones vecinas de la representación social ubicada en ese complejo de seguridad para la Región Norte, esto mientras se constituían observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), quienes entrevistaron a los deudos y les ofrecieron acompañamiento.
Posteriormente, cuándo los familiares de Edwin -N- iniciaron una manifestación pacífica en exigencia de justicia, se encadenaban a los accesos de la Comisaría de Seguridad rielera y exigían la destitución de Raymundo Fragoso el Director de Seguridad , arribó un funcionario de la administración que preside Pablo Badillo Sánchez, para acordar un análisis de las grabaciones del circuito cerrado de seguridad y monitoreo con el que operan los separos; acción que no satisfizo a quiénes demandaban justicia; ya que según su versión la grabación muestra a su familiar deambulando en la celda y luego con «un salto de casi una hora» ya se observa suspendido al joven, por lo que presumen manipulación del archivo.
Al tiempo de que a la necropsia de ley realizada por la PGJE se sumaron medicos especialistas de DDHH, los familiares en una larga espera en la que paulatinamente liberaron las rejas a las que se habían encadenado, hubo negativa a aceptar posible ofrecimiento de la administración municipal de cubrir gastos funerarios y esperaron pacientemente entre consultas en redes de las posturas del Ayuntamiento de Apizaco y la publicación de resultados del análisis forense de la institución encargada de procurar justicia que sostenían la versión de suicidio; la que no convenció a los presentes, quienes se limitaron a recibir el cuerpo y retirarse a pocos minutos del cambio de día.
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