De forma incendiaria el PRD pide crear fiscalía especial
- Irresponsablemente el líder señala que el crimen organizado está detrás de 15 asesinatos violentos registrados en cinco años
08 de Septiembre 2015 / Tlaxcala, Tlax. (Sergio Espinoza)
Con marcadas imprecisiones y de forma incendiaria, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tlaxcala, en voz de su presidente, quien señaló de forma irresponsable que unos 15 asesinatos los que no se han esclarecido y registrados del 2011 al 2015, cuyas características presumió fueron ejecutados por el crimen organizado, por lo que propuso al Ejecutivo local crear una fiscalía especializada que investigue y resuelva dichos casos.
En este sentido, Manuel Cambrón Soria el presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CED) del sol azteca, quien consideró que las políticas públicas en materia de seguridad y procuración de justicia implementadas por la actual administración, “han fallado”, de ahí que es necesario redireccionar las estrategias para que Tlaxcala siga siendo un estado seguro e impedir que los delitos de alto y bajo impacto sigan a la alza.
En rueda de prensa, el líder perredista hizo un recuento documentado con información periodística (no detalló cuales) de los crímenes que no han sido esclarecidos y donde según su versión la mano del crimen organizado está presente, lo que la administración estatal supuestamente ha querido minimizar con la versión de que son hechos aislados.
“Hacemos un llamado al Gobierno del Estado para que integre una fiscalía especial que investigue y resuelva esos homicidios, y además presente una estrategia de seguridad para enfrentar los altos índices delictivos (…). La bancada del PRD en el Congreso seguirá insistiendo en que comparezcan los titulares de la Procuraduría General de Justicia y de la Comisión Estatal de Seguridad”, esgrimió.
Al tiempo, señaló que en junio de 2011 el cuerpo de Salvador Bello Xiolotzi fue encontrado en el río Zahuapan en coincidencia a cuando policías estatales reclamaban mejores condiciones laborales; en abril 2012, en una barranca de 15 metros de profundidad en San Lucas Cuauhtelulpan, fue encontrado con signos de tortura el cadáver de un joven con identidad desconocida.
Destacando el año 2014 como el de mayor incidencia, cuando fue encontrado el 27 de marzo el cuerpo de Patricia Lozano Rodríguez con traumatismo craneoencefálico, en Atotonilco, Ixtacuixtla; en la misma fecha, ocurrió el hallazgo de un masculino en terrenos de labor del municipio de Sanctorum ejecutado con un tiro de gracia; Raúl Hernández Díaz fue encontrado muerto en su cuarto al lado del arma homicida en Ixtacuixtla, pero no pasaba por ninguna depresión según su esposa.
El 13 de abril de ese año, fue ubicado en Santa Cruz Tlaxcala el cuerpo de un trabajador de la empresa LALA sin que se haya esclarecido; en junio, se confirmó la muerte y tortura de Andrés Hernández Ramírez, quien fue secretario de Finanzas del Gobierno de Héctor Ortiz, en una barranca de Texcacoac, Chiautempan; en julio, en una cabaña del municipio de Santa Cruz Tlaxcala, fue localizada muerta y con signos de violencia Ruth Guadalupe Osuna Magaña, ex esposa de quien fue alcalde de Chiautempan de 2008 a 2011, Alberto Flores Guevara, (de lo que no hay certeza documental).
En octubre también de 2014, a un costado de la carretera federal Tlaxcala Puebla se encontraron restos desmembrados de un hombre dentro de un tonel; “uno de los casos que quiso acallar el Gobierno estatal, ocurrió el 29 de noviembre cuando dos escoltas del gobernador Mariano González asesinaron a Sandro Torres Loaiza, en Chiautempan”, lo que es una imprecisión.
En 2015 se documentaron los asesinatos de Daniel Bello Huerta y Alexis Daniel Bello Vázquez, padre e hijo, que fueron embolsados muertos y aventados a una carretera del municipio de Amaxac.
Donde el líder amarillo en Tlaxcala, pasó por alto o no por alguna razón no quiso resaltar el hecho de que los casos más llamativos por su marcada violencia que el señala, son dos municipios gobernados por alcaldes de extracción perredista quienes se supone deberían ser los primeros respondíentes en materia de seguridad.
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