Busca Ballestros Arellano reformar la Ley de Seguridad Pública en el estado

• No ceja en el empeño de reavivar movimiento policial en pro de mejoras laborales para elementos de la seguridad en Tlaxcala

17 de junio 2015 / Tlaxcala, Tlax. (Texto y Foto Sergio Espinoza)

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) asignó un enlace con integrantes del Movimiento Policial de Tlaxcala, a efecto de revisar aspectos presuntamente violatorios de derechos fundamentales contenidos en la Ley de Seguridad Pública del Estado y sus Municipios que fue reformada en noviembre de 2014, que criminalizaría las manifestaciones de los agentes y que supuestamente les quita certeza laboral.

Así lo informó el representante del Movimiento Policial, José Guadalupe Ballesteros Arellano, quien el,pasado lunes pidió la intervención del ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez, a fin de que sea analizado el contenido de la norma, para que se puedan hacer observaciones y en su caso recomendaciones que lleven a hacerle nuevas modificaciones en favor de los policías:

«quienes hay que recordar, antes de ponerse un uniforme son humanos y también tienen derechos”.

Ballesteros Arellano, el ex policía estatal que en 2011 encabezó una manifestación para exigir mejoras laborales para sus compañeros al Gobierno del Estado y que se sabe mantiene un juicio laboral, aprovechó la visita que el lunes pasado hizo el presidente de la CNDH a Tlaxcala, para plantearle las inconsistencias que contiene la Ley de Seguridad.

“Surgió el comentario respecto a que somos el único estado que tiene una Ley que impide a los policías manifestarse, haciendo esto una situación que se vuelve violatoria de sus garantías (…). Ya hubo un pronunciamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en ese sentido y el ombudsman nacional dijo que va a retomar el caso y nos asignó una persona como enlace para tratar ese asunto, que también incluye otro tema violatorio como lo es el de la carga horaria” de 12 por 12 horas, aseveró en entrevista.

Es más, consideró que la actual Ley Seguridad Pública fue aprobada por el Congreso local a modo del titular del Ejecutivo, para evitar un nuevo levantamiento de uniformados, como el de inicios de su administración, el cual fue contenido mediante la participación de fuerzas federales, la detención de más de 80 elementos estatales y la supuesta persecución judicial de los líderes que estuvieron encarcelados por diferentes lapsos.

Es de señalar que la iniciativa que envió el mandatario estatal al Poder Legislativo, lleva la finalidad de modernizar el ramo de la seguridad pública, ya que hace falta una nueva Ley que sustituya a la existente:

“requiere que se le incorporen los nuevos principios y reglas que permitan a las autoridades imprimir mayor eficacia en la salvaguarda de la integridad, la paz, los derechos y la seguridad de las personas”, espetó.

Para abundar en las razones, Guadalupe Ballesteros sostuvo, que son constantes las quejas por las condiciones laborales de los efectivos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) pues no existe el personal suficiente para combatir los índices de inseguridad que hay en Tlaxcala.

Y que el gasto económico para trasladarse es mayor, pasan menos tiempo con sus familias, además de que la aplicación de los exámenes de control y confianza son subjetivos y también pueden ser objeto de revisión.

Quien se rumora podría abanderar estas causas en el próximo proceso comicial por la vía independiente, explicó que otro aspecto de riesgo para los tlaxcaltecas en general y los policías en particular, es que llegan elementos a darse de alta en el Instituto Técnico de Formación Policial y están ahí por tres o cuatro meses.

Pero que después que no aprueban sus exámenes de confianza y los conocimientos que ya adquirieron pueden ser empleados en contra del propio Estado, de ahí que criticó, la estrategia de las autoridades es equivocada:

“pues por un lado intentan tapar un hoyo, pero abren otro”.

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